Las plataformas de criptomonedas sujetas a la normativa alemana deberán impedir determinadas operaciones a los clientes que no entreguen su identificación fiscal tras recibir una solicitud, un recordatorio y un requerimiento formal. Para quienes ya tenían una cuenta antes de 2026, el bloqueo debe producirse entre 60 y 90 días después de la primera petición; los proveedores tienen hasta el 1 de enero de 2027 para completar la verificación de esos clientes.
La obligación deriva de DAC8 y de la ley alemana de transparencia fiscal sobre criptoactivos, conocida como KStTG. Afecta a proveedores que operan bajo la regulación correspondiente en Alemania, incluidas plataformas de intercambio, intermediarios y ciertos servicios de monedero que permiten negociar. No depende de que el usuario haya obtenido ganancias: la identificación sirve para asociar los datos de actividad con una persona y cumplir con los reportes fiscales.
El cambio práctico para los usuarios es directo. Si la plataforma solicita la información y el cliente no responde, puede perder temporalmente la posibilidad de comprar, vender o intercambiar criptomonedas. El texto legal no establece que el saldo pase a ser propiedad del proveedor; limita el acceso a las operaciones sujetas a reporte. La vuelta a la actividad es posible cuando se entregan los datos pendientes.
Qué datos exige la declaración fiscal
La plataforma debe recopilar una declaración de residencia fiscal confirmada por el cliente, ya sea mediante firma o una validación en el área privada. Para una persona física, la información requerida incluye nombre y apellidos, domicilio, cada país en el que tenga residencia fiscal, el número de identificación fiscal correspondiente a cada país y la fecha de nacimiento.
En Alemania, el número de identificación fiscal personal, o IdNr, consta de once cifras y se asigna de forma permanente a quienes están registrados en el país. No cambia por un traslado de domicilio ni por matrimonio. No debe confundirse con el número fiscal que asigna la oficina tributaria, que puede modificarse al cambiar de lugar de residencia. Si una persona tiene residencia fiscal en varios países, debe aportar el identificador de cada uno; si un país no emite uno, no hay que indicar un número para ese territorio.
Los proveedores también deben comprobar que la información resulte plausible. Para hacerlo pueden contrastarla con datos de identificación que ya tienen, como los obtenidos al verificar el documento de identidad y la dirección. Si la residencia declarada no encaja con la dirección registrada, la plataforma puede pedir aclaraciones. Un cambio posterior, por ejemplo un traslado al extranjero, puede obligar a presentar una nueva declaración dentro del plazo que indique el proveedor.
La IdNr suele aparecer en la liquidación del impuesto sobre la renta o en el certificado anual de retenciones salariales. Si el usuario no conserva esos documentos, puede solicitarla de nuevo a la Oficina Central Federal de Impuestos alemana. Por motivos de protección de datos, la entidad la envía por correo a la dirección registrada; no facilita el número por teléfono ni por email. Conviene prever esa demora si la plataforma ya ha enviado un requerimiento.
Recordatorio, requerimiento y plazo de bloqueo
El procedimiento tiene varias etapas. Si el cliente no responde a la primera solicitud o entrega información incompleta, el proveedor debe enviar un recordatorio. Si la falta de datos continúa, debe emitir un requerimiento formal. Solo después puede impedir las operaciones reportables.
El plazo se cuenta desde la primera solicitud, no desde el requerimiento. Para las cuentas abiertas hasta el 31 de diciembre de 2025, el proveedor debe aplicar la restricción después de al menos 60 días y como máximo 90 días desde aquella petición inicial, si el usuario sigue sin facilitar la información. Por eso, pasar por alto un primer correo puede dejar menos margen del que parece cuando llega el aviso posterior.
La norma se refiere principalmente a compras y ventas de criptoactivos contra euros u otras monedas fiduciarias y a intercambios entre monedas digitales. También incluye transferencias de criptoactivos dentro de la información que los proveedores deben reportar. El alcance técnico concreto de un bloqueo puede variar: la ley no garantiza que todas las plataformas permitan retirar fondos a una cartera propia mientras mantienen desactivadas las operaciones. No es prudente dar por hecho que habrá tiempo para mover los activos después de que empiece la restricción.
Para los nuevos clientes desde el 1 de enero de 2026, el control ocurre antes. El proveedor debe completar la identificación antes de ejecutar la primera operación reportable, de modo que la falta de identificación puede impedir que el usuario empiece a operar. El periodo de 60 a 90 días previsto para clientes existentes no se aplica de la misma manera a este grupo.
Qué se comunicará a las autoridades fiscales
La primera fase de reporte comprende el año natural 2026. Los proveedores deben enviar la información correspondiente a la Oficina Central Federal de Impuestos alemana, BZSt, antes del 31 de julio de 2027. Después, la autoridad la distribuirá a las administraciones tributarias regionales y, cuando corresponda, a las autoridades del país donde resida el cliente. DAC8 establece el intercambio automático de información entre administraciones fiscales de la Unión Europea.
Los datos se comunicarán como totales por criptoactivo, no como una lista de cada operación individual. Entre las cifras previstas figuran los importes agregados de compras y ventas contra moneda fiduciaria, el valor de mercado de los activos intercambiados, las unidades y el número de operaciones, además de las transferencias. El reporte puede dar a las autoridades una referencia sobre la actividad en plataformas, pero no calcula por sí mismo el impuesto que debe pagar el usuario.
La obligación de declarar las ganancias no cambia con DAC8. Según las reglas alemanas descritas en la ley fiscal vigente, las ganancias privadas por venta o intercambio pueden quedar exentas si se mantiene el activo durante más de un año. Si se vende dentro del periodo de tenencia, se aplica una exención cuando el total anual de ganancias por ventas privadas se mantiene por debajo de 1.000 euros. Estas normas fiscales son distintas de la comunicación de datos y se aplican con independencia de que una operación aparezca en un reporte.
Las criptomonedas guardadas en una cartera de hardware propia y las operaciones realizadas en plataformas descentralizadas sin un intermediario que reporte no entran en este mecanismo de reporte de proveedores. Eso no las convierte en activos exentos de impuestos: la ausencia de un intermediario que informe no elimina las obligaciones fiscales del usuario.
Multas y diferencia con una suspensión por sospecha de blanqueo
La ley prevé multas de hasta 50.000 euros para el cliente que, de forma intencionada o por negligencia, no entregue la declaración, la presente incompleta o incorrecta, o la entregue tarde. El mismo límite puede aplicarse a un proveedor que no obtenga la información, no compruebe su plausibilidad o no restrinja a tiempo las operaciones de un cliente que no responde. La BZSt es la autoridad competente.
La norma también debe distinguirse de una posible suspensión vinculada a investigaciones de blanqueo. La medida atribuida a la Unidad Central de Inteligencia Financiera alemana procede de un proyecto legislativo citado en la información de origen y contemplaría una suspensión de hasta cinco días laborables ante un riesgo significativo de blanqueo. No es el mismo mecanismo: DAC8 ya establece la limitación por falta de información fiscal, mientras que la otra propuesta requiere un supuesto de riesgo y tiene una finalidad distinta.
Los usuarios pueden reducir el riesgo de errores comprobando que introducen la IdNr de once cifras, y no el número fiscal de la oficina tributaria. También conviene acceder a la solicitud desde la aplicación o el área de cliente, en lugar de utilizar enlaces recibidos por correo. La primera notificación debe comprobarse dentro de la cuenta; un mensaje que amenace con bloquearla en 24 horas no coincide con el procedimiento de recordatorio, requerimiento y plazo legal.
Para las cuentas abiertas antes de 2026, la fecha límite que deben cumplir los proveedores es el 1 de enero de 2027. La primera comunicación anual de operaciones de 2026 llegará a la BZSt antes del 31 de julio de ese año.


